Radiografía de una crisis que supera a Ceuta, desborda a España y deja en evidencia a Europa
Una voz que incomoda: “Lo que piensa una inmigrante”
Lo que voy a decir puede sonar extraño, viniendo de una inmigrante que ha disfrutado desde hace nueve años de la acogida, la hospitalidad y las oportunidades que España ofrece.
Pero precisamente por eso hago la siguiente afirmación: a donde uno llega, debe ser un buen ciudadano. Actuar con integridad, educación y civismo con el prójimo, con la comunidad y con el país que abre sus puertas.
Se migra a un país con la ilusión y el deseo de un mejor futuro y para mejorar las condiciones de vida, no para destruir lo existente ni para trasladar el caos del que se huye.
Migrar implica un acto de valentía y de voluntad único, donde dejas atrás realidades difíciles. En teoría se viene para aportar, no para restar; para integrarse, no para desordenar e imponer modos de vida ni otras culturas.
Ese debería ser el credo de cualquier inmigrante. Sin embargo, en los últimos días los telediarios muestran episodios de saqueos, agresiones y comportamientos que contradicen ese principio básico de convivencia.
No hay que olvidar que la migración siempre ha existido y es un acto humano profundo, pero también es un pacto moral: quien entra debe respetar la casa que lo recibe, sus normas, su cultura y a quienes ya viven en ella.
Integrarse implica aprender nuevas normas, respetar las leyes, asumir responsabilidades y adaptarse a un sistema que funciona de manera distinta.
Ceuta: la frontera que ya no frena
Proteger un territorio es, en esencia, similar a proteger una casa o tu hogar. Nadie deja su puerta abierta ni renuncia a instalar una alarma si sabe que existe el riesgo de que entren intrusos sin consentimiento. España, y en particular Ceuta, enfrenta hoy ese dilema.
¿Quién ha dejado la puerta abierta?
La llamada “valla disuasoria”, diseñada para contener entradas irregulares, ha dejado de cumplir su función. Según datos del Ministerio del Interior, sólo en 2023 se registraron más de 12.000 intentos de saltos en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, un aumento del 23% respecto al año anterior. En los primeros meses de 2024, Frontex reportó un incremento del 55% en la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Occidental.
Pero el fenómeno ya no es solo físico: se organiza, se coordina y se multiplica a través de redes sociales. Informes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) señalan que grupos de WhatsApp y TikTok difunden tutoriales, rutas, horarios y puntos ciegos para cruzar la frontera. La viralidad se ha convertido en un nuevo factor de riesgo que supera la capacidad disuasoria de la valla.
Europa observa, España improvisa.
La situación en Ceuta tampoco ha pasado desapercibida para la Unión Europea. La Comisión Europea ha expresado su “preocupación por la presión migratoria en las fronteras exteriores”, recordando que España es uno de los países que más solicitudes de asilo recibe en toda la UE. Según Eurostat, en 2023 España registró 163.000 solicitudes de protección internacional, la cifra más alta después de Alemania y Francia.
Sin embargo, Bruselas ha ofrecido apoyo financiero y operativo, pero no ha impulsado una reforma profunda del sistema de asilo ni un mecanismo real de reparto obligatorio entre estados miembros. España, por su parte, ha respondido con refuerzos policiales y acuerdos bilaterales con Marruecos, pero sin una estrategia de largo plazo.
La política migratoria europea sigue mal encaminada: gestiona crisis, pero no construye soluciones. Y mientras la UE debate, en los escritorios de Bruselas, Ceuta soporta una presión que desborda su capacidad.
ONG en la mira: ayuda necesaria, confianza erosionada
En medio de esta crisis, las ONGs desempeñan un papel que debería ser esencial: asistencia humanitaria, acompañamiento jurídico, protección de menores y apoyo social. Pero la percepción pública ha cambiado. Informes del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo han advertido sobre falta de transparencia en la gestión de fondos, duplicidad de funciones y ausencia de controles rigurosos.
Cada vez más ciudadanos cuestionan la intencionalidad de algunas organizaciones, señalando que su actuación parece más orientada a facilitar la permanencia que a ordenar la situación. La confianza se erosiona cuando la ciudadanía percibe que ciertas ONGs actúan como intermediarios permanentes de un sistema que nunca se estabiliza.
Censo: seguridad y control
La realidad es que muchos de los migrantes que aún no han sido retornados presentan antecedentes penales en sus países de origen, según informes del Defensor del Pueblo y datos compartidos por la Guardia Civil en 2024. Esto obliga a plantear un mecanismo más riguroso: un censo que permita identificar perfiles, verificar documentación, cruzar información con bases internacionales y establecer criterios de permanencia basados en seguridad, conducta y capacidad de integración.
No se trata de estigmatizar: se trata de proteger a la población y evitar que la frontera se convierta en un coladero para redes criminales.
Integración laboral: cuando un oficio se convierte en futuro
Más allá del control y la identificación, la integración real pasa por el trabajo. Según datos del Ministerio de Inclusión, un migrante recién llegado tarda entre 12 y 24 meses en adquirir las competencias mínimas para insertarse en un oficio básico: hostelería, construcción, agricultura, logística o cuidados. Ese tiempo incluye aprendizaje del idioma, formación laboral, adaptación cultural y acompañamiento social.
La clave está en canalizar ese recurso humano hacia sectores donde España tiene déficit de mano de obra, pero hacerlo de forma ordenada, regulada y supervisada. La educación y la capacitación no solo reducen la dependencia del sistema de acogida, sino que transforman a un recién llegado en un contribuyente, que cotiza para la hucha de todos, en un vecino, en un trabajador que aporta. De tal modo que el concepto de integrar no es improvisar: es invertir en formación para evitar que la vulnerabilidad se convierta en marginalidad.
La educación y la capacitación tiene un coste, pero tal vez si hacemos las cuentas sea menor que las ayudas económicas que se han convertido en un negocio muy lucrativo con un efecto llamada inevitable.
Educar obligatoriamente no solo reduce la dependencia del sistema de acogida. Además, genera empleos directos e indirectos en una ecuación que bien concebido puede resultar una gran solución.
En Venezuela, por ejemplo, existían las escuelas agropecuarias, con régimen interno donde el estudiante no solo aprendía del oficio también trabajaba la tierra y con la venta de la producción se generaba recursos suficientes que hacían posible la auto sostenibilidad del centro. Los sueldos de los profesores y técnicos era tema del Ministerio de Educación. En términos deportivos “una cantera de trabajadores” y una generación de relevo para el futuro, una suerte de “ganar / ganar” que se sostuvo muchos años y formo a muchos peritos agropecuarios
Integrar no es improvisar:
Lo que sugiero es una fórmula híbrida de inserción que incluye trabajo obligatorio de medio turno con supervisión y con revisión periódica de asistencia social, acompañado de un turno de estudio en una FP de oficios + idiomas el resto del día, con la condicionante de que aquél que no cumpla pierde su condición de asilo.
¿Quién sería el empleador?
¡El propio Estado! Y allí abrimos un melón un poco delicado, porque vendrán los altamente sensibles a decir que deshumanizamos al inmigrante y lo convertimos en esclavos modernos, pero no es así, es emplear y pagar con un plus adicional (educar). Y dejar de tirar el dinero y hacer saber que ese (asilo) hay que ganárselo, y por otra parte, se haría una criba instantánea porque papá Estado cambia de rol. Seguro que dejaríamos de ver a muchos de ellos deambulando cerca de los centros de acogida sin saber qué hacer con su tiempo.
¿Dónde trabajarían?
Sería competencia de varios ministerios, entre ellos Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mi sugerencia dada la barrera del idioma, apunta a los sectores primarios, en los que se terceriza mucha mano de obra como la limpieza de calles, oficinas o dependencias públicas, mantenimiento de jardines de parques y plazas, limpieza de coches de transporte público, reacondicionamiento de vías y mobiliario público, agricultura, gestión de residuos y otros tantos innumerables oficios, pero tal vez el interés del Estado no sea ese y estaré pisando algunos callos al sugerirlo.
La integración, tiene que percibirse desde otro prisma, cambiar el “ser ayudado” por ser “quien ayuda”, siempre tomando en cuenta de que este es un primer paso hacia cualquier futuro posible.
Hay que dejar de verlo como un trámite administrativo porque es mucho más que eso: Es civismo, respeto, adaptación, aprendizaje del idioma, cumplimiento de normas y reconocimiento de la cultura local.
La integración es el éxito del futuro asilado, porque sin ella no hay convivencia posible ni oportunidades duraderas.
Hablemos del coste oculto de una frontera desbordada
Según los Presupuestos Generales del Estado 2024, el refuerzo de fronteras y control migratorio en Ceuta y Melilla supera los 78 millones de euros anuales, incluyendo:
- Coste fronterizo anual — 78 millones de euros.
- 30 millones en efectivos policiales y militares.
- 18 millones en tecnología de vigilancia, drones y sensores.
- 12 millones en infraestructuras y mantenimiento del perímetro.
- 10 millones en atención médica, alimentación y campamentos temporales.
- 8 millones en servicios sociales, intérpretes y trámites administrativos.
A ello se suman los costes del sistema de asilo: cada solicitante supone entre 1.200 y 1.800 euros mensuales, según el Ministerio de Inclusión y Migraciones. Ahora entenderán el porqué de mi propuesta.
Entrevista de hoy del Jefe de Gobierno
Las declaraciones de Pedro Sánchez este lunes han añadido tensión política al ya complejo escenario de Ceuta. El presidente aseguró que existen “argumentos y razones suficientes” para que el Rey Felipe VI visite Ceuta y Melilla, aunque evitó concretar fechas y subrayó que el desplazamiento se coordinará con Zarzuela. No olvidemos que debe ser autorizado. Allí entra en juego una carta Diplomática delicada.
Sánchez mencionó que, en veinte años, ningún jefe de Estado ha viajado a las ciudades autónomas y deslizó que él mismo ha acudido más veces que sus predecesores, una afirmación que muchos interpretaron como un reproche velado hacia la Casa Real. Desde el Gobierno, sin embargo, el ministro Óscar Puente matizó que el verdadero reproche no era al Rey, sino a quienes “utilizan su figura en plena crisis migratoria” para obtener rédito político según publicó EuropaPress en su portal de noticias.
A mi modo de ver lejos de apaciguar el debate, sus palabras han abierto un nuevo frente institucional en un momento en que Ceuta exige respuestas claras y presencia efectiva del Estado y menos discursos.
Solidaridad y soberanía: el equilibrio imposible
La pregunta de fondo es simple: ¿cómo se protege un territorio sin renunciar a la humanidad? España debe garantizar la seguridad de sus fronteras, la tranquilidad de sus ciudadanos y la estabilidad de sus instituciones. Pero también debe mantener un compromiso ético con quienes huyen de la pobreza o la violencia.
Ceuta es hoy el espejo donde se refleja la tensión entre la solidaridad y la soberanía. Y ese espejo nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda: una frontera vulnerable no solo pone en riesgo a quienes la cruzan, sino también a quienes viven detrás de ella.
El Autor
