VENEZUELA, 75 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH Y 20 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para los venezolanos es sorprendente que las Naciones Unidas celebraran con orgullo que el 10 de diciembre se cumplieron 75 años desde la declaración universal de los DDHH y que el 9 de diciembre, se celebró el arribo a los 20 años de la Convención de la ONU contra la Corrupción.

El lema del Día de los Derechos Humanos de este año fue «Dignidad, libertad y justicia para todos y todas».

Venezuela ocupa un sitial destacado en el Ranking de los países con un menor cumplimiento de los derechos humanos y del estado de derecho a nivel mundial; con 8,8 puntos, junto a Somalia y Libia.

The Fund for Peace indica que para el estudio en el que se consideraron un total de 177 países, se tuvo en cuenta un báremo de 0 a 10, en el que 0 es igual al más alto nivel de derechos humanos y estado de derecho y 10 es igual al más bajo nivel de derechos humanos y estado de derecho.

Los países con más altas puntuaciones en 2022 (statista) son:

• Yemen 9,9
• Irán 9,8
• China 9,7
• Egipto 9,5
• Siria 9,4
• Rep. Centroafricana 9,4
• Corea del Norte 9,3
• Rep. Dem. del Congo 9,3
• Birmania 9,2
• Sudán 9,1
• Rusia 9
• Eritrea 9
• Burundi 8,9
• Venezuela 8,8
• Somalia 8,8
• Libia 8,8

En Venezuela existen desde el poder una serie de redes criminales con tentáculos internacionales que se solapan y entrecruzan de forma transversal. Existe un entramado criminal en el gobierno y una crisis profunda de valores que sobrepasa actos de corrupción estatal, muchos individuos han amasado fortunas incalculables, al tiempo que son socavados los derechos humanos fundamentales y fueron destruidos con premeditación, el aparato productivo, la infraestructura, el sistema sanitario, la educación, los sistemas energéticos, la moneda nacional y las instituciones con la única finalidad de instalar y recrear un nuevo sistema para ejercer el poder.

Venezuela se alejó del concepto de República, allí no existe un sistema que procura un equilibrio estable de principios y derechos, como la libertad, la justicia y la igualdad; no hay separación de poderes y está totalmente alejado de los principios delineados durante la Ilustración por Mostesquieu, Voltaire y Rousseau.

Los venezolanos viven fuera del mundo democrático y con la libertad en el fondo de simas profundas e inexploradas de una profundidad impensable que permiten el desarrollo de un ecosistema propio, imposible de explicar por quien no lo padece. El régimen criminal que gobierna, actúa con una agenda planificada, espera el momento perfecto para accionar y dar el giro de tuerca necesario para mantenerse en el poder, acrecentar las fortunas individuales y lavarse la cara ante el mundo democrático occidental.

Durante años, el rechazo de la población venezolana al régimen de Maduro se ha puesto en evidencia de múltiples formas, en protestas masivas, en el abandono del territorio generando una grave crisis migratoria, con la muerte de migrantes en carreteras o en el mar; en los informes internacionales de violaciones sistemáticas a los DDHH y en evidentes abstenciones electorales, aunque inflen las cifras a través del tentáculo rector; sin listar los cientos de presos políticos y las puertas giratorias que no cesan después de cada individuo liberado.

Es evidente el lavado de rostro continuo que intenta el régimen con inversiones comunicacionales grotescas, el uso desmedido del aparato estatal represor contra los medios de comunicación y periodistas, el uso y facilidades para influencers viajeros y por supuesto, el siempre presente uso del chantaje a los políticos.

Una gran bota ha ido aplastando las libertades, la suma de cientos, de miles de pérdidas humanas entre las balas de la autoridad y de la delincuencia, la tortura de disidentes, los crímenes de lesa humanidad; el tráfico de drogas, de combustibles, de minerales y de seres humanos; desde las más altas esferas del poder gubernamental; protestas e intentos fallidos de recuperar la democracia, confianza en dirigentes políticos y en la comunidad internacional, desaires y una larga espera.

Después de más de 3 décadas el régimen, como una rápida liebre, ha blanqueado la fortuna mal habida más grande de la historia, y lo que no pudo blanquear en paraísos fiscales, lo hace en una gran lavadora interna, que permite lavar también la cara al gobierno, restaurar relaciones diplomáticas rotas por años y disminuir la presión internacional, normalizar una situación muy precaria detrás de la foto y los vídeos de millonarios lujos de una pequeña proporción de la población o de viajes a los parajes hermosos del vasto y hermoso país suramericano.

En paralelo, como si de un cuento se tratara, sigue su lento caminar la tortuga de la CPI mientras siguen muriendo de mengua muchos venezolanos y otros son torturados en centros oficiales y no oficiales del aparato represor, mientras continúa la destrucción de una o más generaciones de venezolanos con implantes ideológicos sobre las ruinas de la que otrora fue una educación de primer nivel y exportaba luces a todos los rincones del mundo.

La exFiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda fue señalada como responsable de violaciones de derechos humanos en su etapa como fiscal general y ministra de Justicia de Gambia de acuerdo a testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de ese país. Bensouda se demoró 4 años para iniciar la apertura de una investigación preliminar sobre Venezuela y demoró casi tres años para determinar en el análisis preliminar de las acusaciones de violaciones al Estatuto de Roma, que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”, es decir, crímenes de lesa humanidad.

El 7 de abril del 2014, 198 diputados de América Latina, incluyendo parlamentarios colombianos, argentinos, chilenos y de otros países, pidieron a la Fiscal el inicio de una investigación contra el mandatario Nicolás Maduro Moros, por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Son públicos y notorios los informes de Amnistía Internacional, de American Watch, de los Altos comisionados de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y Zeid Ra’ad Al Hussein; el informe de la misión internacional independiente del Consejo Regional de Naciones Unidas; el informe presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, elaborado por expertos internacionales.

El actual fiscal de la CPI, Karim Khan inició una investigación formal en noviembre de 2021, en abril de 2022, Venezuela pidió al tribunal que suspendiera la investigación debido a que iniciaría sus propias pesquisas; en noviembre 2022, la Fiscalía de la Corte solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación sobre estos crímenes. En junio de 2023, la Sala autorizó a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.

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