Durante meses hemos sido testigos de escándalos políticos fundados en la corrupción y/o incompetencia del gobierno actual y de actores de su esfera más próxima. Desde los ERE de Andalucía hasta el caso Santos Cerdán, pasando por el Delcygate (2020), una larga lista entretiene a abogados, jueces y periodistas: el caso Globalia y el de la Complutense, el caso Barrabés, el de las Mascarillas, el de Hidrocarburos, el caso Jessica, el del PSOE de 2020 y el de ADIF de 2022-2023.
Por otra parte, la implicación familiar: Begoña Gómez y David Sánchez añaden un condimento explosivo a este compendio. El caso Leire Díez y el escándalo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, son otros memorables. Mientras que la trama Mediador (conocida por el caso “Tito Berni”) ha arrojado más oscuridad sobre el PSOE.
Hemos descubierto, además, sendas inoperancias del Estado en lo que a gobernanza se refiere, como se hizo manifiesto con la ley del “Solo sí es sí”, una iniciativa de la exministra Irene Montero que benefició a 400 delincuentes sexuales en la revisión de sus penas a la baja y que, junto a los errores registrados por las pulseras anti maltrato, puso en riesgo la vida de cientos de mujeres en todo el territorio nacional. A la ampliación de esta lista podrían sumarse la mala gestión de la Dana y, más recientemente, la del sistema ferroviario por parte del ministro tuitero de transporte Óscar Puente, tras un accidente mortal que ha costado la vida a 45 personas. Y peor aún, advertido con anterioridad por otros incidentes menores o fallos del sistema, recurrentes en el país y respaldados en múltiples denuncias hechas por los sindicatos. Señales de alerta de un funcionamiento, cuando menos, defectuoso de las vías.
Hasta el momento nos hemos hartado de excusas insostenibles y de mentiras en la boca de los políticos de turno, muchas mentiras.
Como consecuencia, hemos incorporado a nuestra cotidianidad y con total pasividad la neolengua de la que hablaba George Orwell en su 1984, como sustituta del análisis en el lenguaje ordinario de los representantes del Estado y como sustituta de la entrega de cuentas en la política nacional: lo malo es bueno, lo injusto es lo justo, lo incorrecto es lo correcto. A su lado, como accesoria inseparable, la espectacularidad y el show consumen el valioso tiempo en el parlamento y la oportunidad de los periodistas para esclarecer cualquier situación durante las ruedas de prensa. Tras todo esto, solo queda el barullo, el ruido, la confusión y el triunfo de la mentira sobre la verdad.
Coincido con la mayoría en que no hay novedad. Probablemente no sea un mal adjudicable a una sola tolda política, pero el “y tú más” se ha convertido en una suerte de bomba de humo, precursora de ese bucle insano que impide mirar el presente con la tranquilidad que requiere el análisis. El “Y tú más” solo prolonga la puesta en escena de quienes nada quieren esclarecer e impide poner fin, de una vez por todas, a los males que nos aquejan, nublando la comprensión de los ciudadanos ya intoxicados por la ideología, atrapados en la trampa del sesgo de confirmación y la burbuja de filtro del algoritmo de recomendación. Por estos años, los dirigentes políticos, contagiados por la fiebre de las RRSS, parecen más ocupados de “parecer”, en el terreno de lo virtual, que en ser y en actuar en el terreno de la realidad para resolver los asuntos de interés común. Solo interesa el plano real cuando se trata de diseñar un esquema de corrupción que asegure el disfrute de los vicios más banales o una jugada que beneficie en las encuestas y detenga la sangría de votos hacia otros partidos.
Es posible que toda esta situación a españoles por nacionalización nos esté impactando de manera muy diferente que a la gran mayoría. Hemos huido de democracias fallidas o regímenes dictatoriales, de escenarios bien diferenciados de las democracias europeas. Somos ciudadanos ligados a los aterradores escenarios del pasado, entrenados, por obligación, en detectar las líneas rojas a la distancia. Con ellas, el riesgo de ignorar los pródromos de una política carcomida por los vicios.
Porque viniendo de un país en el que todo derecho civil y político ha sido vulnerado, donde la mentira se ha erguido en sustitución de la verdad y donde, ni siquiera, aún hoy se puede levantar la voz para denunciarlo, no es posible, a nuestro entender, que ciudadanos españoles —nativos o nacionalizados— sean incapaces de reclamar al Estado sus responsabilidades, de exigir en las calles haciendo uso de su propio derecho y de lo que, entendemos, es también su responsabilidad. Es incomprensible que no se exija la elevación del discurso de sus representantes en los distintos escenarios en los que comparecen, que no se clame por el fin de este show en beneficio de las necesarias y verdaderas dinámicas tendientes a gobernar un país maravilloso. ¿Cómo es posible que prevalezca la corrupción, la inoperancia y gestión nefasta en ministerios como los de Salud y Transporte sin que haya habido ni una asunción de responsabilidades ni una dimisión de cargos clave?
La pasividad de este nuestro pueblo es verdaderamente aterradora. Si ahora que libres (unos y otros) para protestar en las calles, algunos prefieren mirar a otro lado, hacer de la queja un cuchicheo de esquina, un reclamo de butaca frente a la tele o un reposteo en RRSS, si su única preocupación es la de no poder llegar al trabajo a tiempo por los retrasos de Renfe, el futuro de ese país no pinta nada bien.
Es increíble que no hayamos sido capaces de activarnos ni con la muerte de nuestros conciudadanos, ni tan solo por la propia amenaza que se cierne sobre cada cual y sobre nuestros propios familiares cuando, al abordar un tren, quedamos al albur de explicaciones imprecisas como las expresadas por el ministro Puente acerca del tramo de vía donde ocurrió el descarrilamiento del Iryo cerca de Madrid. Justificaciones en las que él asegura que dicho tramo había sido renovado y sustituido recientemente “y en su totalidad”, con las auscultaciones para detectar posibles fallos, hechas apenas en noviembre. Ni esa inspección de la que habla de totalidad fue “total”, ni la auscultación fue en ese período, sino en septiembre, ni se habían hecho pruebas realizadas en el tramo con ultrasonidos —según una comunicación elaborada por el gestor de infraestructuras— que son las que verifican el estado de las soldaduras. Podría decirse que como sociedad civil también estamos incurriendo en dejadez de funciones cuando no resultamos un contrapeso suficiente al poder del Estado que luce ineficaz. No quiero ni pensar en un escenario hipotético de pérdida de la libertad, siempre factible. De seguro, sin la gimnasia del reclamo democrático, pocos serán mínimamente capaces de levantarse del sofá y asomarse por la ventana.
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